Solicitó avances concretos en agua potable, salud, nutrición, educación y protección integral para esta comunidad asentada en el resguardo Naexal Lajt.
Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2026 (@PGN_COL). Ante la falta de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de la Sentencia SU-092 de 2021, el Ministerio Público solicitó a las entidades responsables pruebas concretas de los avances en agua potable, salud, nutrición, educación y protección integral para el pueblo Jiw, asentado en el resguardo Naexal Lajt, en Mapiripán (Meta).
En la orden judicial, la Corte Constitucional advirtió a las entidades con responsabilidades directas, entre ellas: Agencia Nacional de Tierras (ANT), Alcaldía de Mapiripán, Gobernación del Meta, Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Superintendencia Nacional de Salud (SNS), Cormacarena, Personería y Defensoría del Pueblo Regional Meta, sobre la situación de vulnerabilidad extrema y el riesgo de desaparición física y cultural que enfrenta esta comunidad indígena.
Teniendo en cuenta que las respuestas de las entidades requeridas durante la vigencia 2025 evidencian avances administrativos parciales, pero no acreditan el Goce Efectivo de Derechos (GED) ordenado por la alta Corte, el Ministerio Público envió nuevos requerimientos preventivos con el fin de verificar la existencia de resultados ciertos y medibles.
La Procuraduría Regional de Instrucción Meta insistió en que este seguimiento debe mantener un enfoque preventivo, diferencial y territorial, para que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional no se queden en el papel y se traduzcan en mejoras reales y sostenibles para la vida del pueblo Jiw, reconocido como sujeto de especial protección constitucional.
