En medio de un debate de control político realizado el miércoles 19 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que el Estado se encuentra ante un “fracaso final” en la política de prevención del reclutamiento forzado y cuestionó la pertinencia de continuar con los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando es “previsible” la presencia de menores de edad en los campamentos.
Durante su intervención, la Defensora fue enfática al señalar que, si bien la responsabilidad primaria de que los niños, niñas y adolescentes mueran en estas operaciones recae sobre los reclutadores —a quienes calificó de criminales de guerra—, la fuerza pública y el Gobierno Nacional deben evaluar sus estrategias ante el incremento de víctimas menores de edad en las recientes acciones militares.
“Yo entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH (Derecho Internacional Humanitario), pero yo me pregunto: si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de niños, niñas y adolescentes [muertos], ¿no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando?”, cuestionó Marín Ortiz ante los congresistas y el Ministro de Defensa.
La Defensora advirtió sobre la gravedad de normalizar estos resultados operacionales: “No podemos resignarnos a que esto siga ocurriendo (…) ¿Nos vamos a resignar a que van a seguir los bombardeos y cada vez vamos a recoger los cuerpos de más menores de edad? Perdónenme, pero yo no creo que esa sea una opción legítima ni posible”.
Una tragedia en ascenso
La Defensora presentó además un balance detallado y preocupante sobre los operativos recientes, señalando una tendencia creciente en la fatalidad de menores de edad. Recordó que en el bombardeo de El Retorno (Guaviare) el pasado 24 de agosto, según cifras de Medicina Legal, murieron tres menores; en Puerto Santander, el 1 de octubre, la cifra subió a cuatro; y en el reciente operativo en Calamar (Guaviare), el 10 de noviembre, fallecieron siete menores de edad (cuatro mujeres y tres hombres). A esto se suma un caso en Puerto Rondón (Arauca) con al menos una menor fallecida.
Sobre este punto, Marín Ortiz lanzó una interrogante sobre la aplicación del DIH: “¿Cómo podemos saber que todos los adolescentes que están muriendo efectivamente estaban en funciones continuas de combate? ¿O si estamos presumiendo que todos lo estaban y punto?”.
Reclutamiento forzado: un crimen de guerra
Más allá de la respuesta militar, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado. En lo corrido de 2024, la entidad ha registrado 625 casos a través de su botón de reporte, una cifra que ya supera los 423 casos totales de 2023, y que según la Defensora, es solo “la punta del iceberg” debido al subregistro por miedo en los territorios.
La caracterización de este flagelo muestra un impacto desproporcionado en poblaciones étnicas: el 46% de las víctimas son indígenas y el 6% afrocolombianos. Además, se advirtió un aumento en el reclutamiento de niñas y adolescentes, que ya supera el 40%.
“El reclutamiento es un crimen de guerra. Disiento con el Presidente de la República: que ojalá los juzgue la Corte Penal Internacional, no; ojalá los juzgue la justicia colombiana”, puntualizó la Defensora, recordando que todos los grupos armados, incluidas las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN, son responsables de esta práctica.
Alerta Temprana Electoral: 62 municipios en “cuidados intensivos”
En un segundo bloque de su intervención, la Defensora se refirió al riesgo que enfrentan los próximos comicios. Al explicar la Alerta Temprana 013 de 2025, utilizó una contundente metáfora para ilustrar la gravedad de la situación en los territorios: 62 municipios requieren “cuidados intensivos” (riesgo extremo) y 162 necesitan atención de “urgencias”.
“No tanto porque se trate de un llamado a decir ‘no va a haber elecciones’; va a haber elecciones el próximo año. La pregunta es con qué calidad”, explicó Marín Ortiz, refiriéndose a las garantías para que los candidatos puedan hablar libremente de temas sensibles como minería ilegal, economías ilícitas o hacer campaña en zonas como el Catatumbo o el Cauca sin filtración de dineros ilegales.
Finalmente, la Defensora lamentó que el recorte presupuestal previsto para la entidad afecte programas clave de prevención, como la iniciativa Jóvenes por un Buen Futuro, y criticó la respuesta institucional ante las alertas: “El Estado siempre llega tarde y los primeros que llegan son las Fuerzas Armadas. Para bien y para mal”. Hizo un llamado a la coordinación institucional efectiva, al señalar que en el pasado, el 67% de las entidades no respondieron a los requerimientos de las alertas tempranas electorales.
