La deforestación en la Amazonía peruana no solo amenaza la biodiversidad, sino también la vida y derechos de las comunidades indígenas. En 22 años, el país perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque, mientras se agravan los riesgos para defensores ambientales y el equilibrio climático nacional.
La Amazonía peruana atraviesa una de las peores crisis ambientales de su historia reciente. Entre 2001 y 2023, el país perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque, un territorio equivalente a once veces el tamaño de Lima Metropolitana. Esta devastación no solo representa una tragedia ecológica, sino también una amenaza directa a los derechos, la cultura y la seguridad de miles de comunidades indígenas que habitan la región.
De acuerdo con un análisis realizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la deforestación en el Perú tiene múltiples causas, pero tres factores destacan: la expansión agropecuaria, las actividades extractivas ilegales y la construcción de infraestructura que abre paso a nuevas invasiones. En términos de superficie afectada, el avance de la frontera agrícola —en especial por unidades menores a 5 hectáreas— representa el 77 % de la deforestación registrada entre 2001 y 2014.
Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Huánuco lideran el ranking de pérdida forestal en el último año, concentrando más del 60 % de la destrucción total. Solo en 2020 se deforestaron más de 200 mil hectáreas. Esta situación ha sido calificada como crítica no solo por el impacto climático —la deforestación representa el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país—, sino también por sus consecuencias sociales.
Comunidades arrinconadas y derechos ignorados
El avance de la deforestación ha debilitado profundamente la capacidad de las comunidades indígenas para sostener sus modos de vida. Sin acceso garantizado a recursos como alimentos, agua o plantas medicinales, y sin una titulación segura de sus territorios, las comunidades enfrentan amenazas constantes por parte de traficantes de tierras, empresas agroindustriales y actores del narcotráfico
“El bosque no solo es un ecosistema, es también el hogar y el alma de cientos de pueblos originarios”, señala Andrea Buitrago Castro, directora ejecutiva de FCDS Perú. “Por eso, este problema debe estar en el centro de la agenda pública si queremos hablar en serio de sostenibilidad”.
El informe alerta que la tenencia de tierras y la fragilidad institucional en su administración son elementos clave. La compra de títulos superpuestos, los trámites fraudulentos, la corrupción en los registros y la intimidación de comunidades son tácticas recurrentes empleadas por empresas y mafias para apropiarse ilegalmente de tierras forestales. Estas prácticas, amparadas muchas veces en vacíos legales, han intensificado los conflictos territoriales y la violencia en la región.
Defender el bosque cuesta la vida
Uno de los aspectos más preocupantes es el creciente riesgo que enfrentan los defensores del ambiente. Según datos recientes, el 62 % de las amenazas contra estas personas están vinculadas directa o indirectamente al tráfico de tierras. Esta categoría incluye no solo hostigamientos e invasiones, sino también asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas constantes
El narcotráfico, en alianza con redes de tráfico de tierras, representa el 49 % de las situaciones de riesgo identificadas. En muchos casos, la secuencia delictiva comienza con una invasión, continúa con tala y quema para “limpiar” el terreno y concluye con la instalación de cultivos ilícitos. De esta forma, los bosques son devorados por una cadena de ilegalidad que combina ambición, impunidad y abandono estatal.
Urge una respuesta estructural
El Estado peruano ha intentado responder a la crisis a través de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y la aprobación de normativas de titulación. Sin embargo, los avances han sido insuficientes. La falta de regulación clara, la fragmentación institucional y la ausencia de una estrategia de fiscalización efectiva permiten que la deforestación continúe a gran escala.
Peor aún, recientes intentos legislativos han generado mayor confusión en lugar de fortalecer la protección del territorio. El régimen de propiedad comunal sigue sin ser plenamente garantizado y la política forestal nacional permanece subordinada a intereses económicos de corto plazo.
Los expertos coinciden: si no se actúa con urgencia, el Perú no solo seguirá perdiendo bosques, sino también su capacidad de ser parte activa en la lucha global contra el cambio climático. Además, arriesga la supervivencia de los pueblos indígenas y la viabilidad de cualquier modelo de desarrollo basado en la biodiversidad amazónica.
En palabras de la FCDS, “documentar el tráfico de tierras es apenas un primer paso. Lo realmente urgente es reconocer la magnitud del problema y actuar de forma coordinada, desde el nivel nacional hasta el comunal”. Sin voluntad política, sin seguridad jurídica y sin protección a quienes defienden el bosque, la Amazonía seguirá ardiendo a un ritmo que no nos podemos permitir.
