La Defensoría del Pueblo presenta su boletín mensual de septiembre, que documenta un preocupante aumento en el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades en Colombia. Entre enero y septiembre de 2025, 91.514 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo y 101.062 quedaron confinadas, lo que refleja una crisis humanitaria que sigue vulnerando los derechos de poblaciones enteras.
Solo en septiembre se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 3.302 personas. Esta cifra representa un aumento del 149% frente a las 1.325 personas desplazadas en el mismo mes de 2024. También se documentaron 11 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 30.062 personas, comparado con las 2.278 del año anterior. Además, se identificaron 20 situaciones con riesgo inminente de confinamiento o desplazamiento.
Norte de Santander, el departamento más golpeado
Norte de Santander se mantiene como el territorio más afectado por el desplazamiento, con 73.300 personas que han tenido que abandonar sus hogares en lo que va del año. La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa siendo la principal causa, alimentada por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Las consecuencias recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas.
Chocó lidera en confinamiento
En cuanto al confinamiento, Chocó reporta el mayor número de personas afectadas con 18.921, seguido por Huila (16.226), Cauca (12.915), Norte de Santander (11.490) y Guaviare (10.413). Estas restricciones impuestas principalmente por actores armados limitan el acceso de las comunidades a sus medios de vida, a la educación y a servicios básicos.
El boletín incluye recomendaciones urgentes dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales para que implementen respuestas integrales, activen rutas de protección, coordinen acciones de desminado humanitario y garanticen la continuidad educativa en las zonas de emergencia. Se hace especial énfasis en adoptar enfoques diferenciales y territoriales que protejan a las poblaciones más vulnerables.
Durante este periodo, la Defensoría atendió a 27.041 mujeres en situación de movilidad humana forzada y a 26.601 personas pertenecientes a comunidades étnicas, en cumplimiento de su mandato constitucional de defender los derechos humanos en medio de la crisis humanitaria que afronta el país.
