En una decisión sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya, dictaminó que los países pueden ser legalmente responsables por su contribución al cambio climático y, por tanto, podrían enfrentar demandas de otras naciones por los daños ocasionados. Aunque el fallo tiene carácter consultivo y no es vinculante, expertos legales consideran que marca un hito en la lucha global contra la crisis climática.
La resolución surgió de una iniciativa que nació en 2019, impulsada por un grupo de estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico, quienes viven de cerca los efectos del calentamiento global. Hoy, ese esfuerzo colectivo se ha convertido en una victoria celebrada por pequeños Estados insulares como Vanuatu, Tonga o las Islas Marshall, quienes ven en esta decisión un reconocimiento jurídico a sus demandas históricas de justicia climática.
“La CIJ reconoció lo que hemos vivido: nuestro sufrimiento, nuestra resiliencia y nuestro derecho a un futuro”, declaró emocionada Flora Vano, activista de Vanuatu, uno de los países más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos.
ONU: Los países deben actuar frente al cambio climático
El tribunal concluyó que los Estados tienen la obligación legal de actuar frente al cambio climático, incluso si no forman parte de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Además, estableció que las naciones que no implementen planes climáticos ambiciosos o que continúen subsidiando la industria de combustibles fósiles podrían estar incumpliendo el derecho internacional.
La sentencia también responsabiliza a los gobiernos por las emisiones generadas por empresas que operan dentro de sus territorios, y reconoce el derecho de los países en desarrollo a reclamar reparaciones por pérdidas vinculadas a desastres climáticos como huracanes, inundaciones o el aumento del nivel del mar. Si bien se prevé que cada caso deberá demostrar el vínculo entre el fenómeno climático y las emisiones, el fallo abre una nueva ruta legal para las naciones más afectadas.
Durante las audiencias, las Islas Marshall argumentaron que el costo de adaptarse al cambio climático asciende a 9.000 millones de dólares, recursos que no poseen. «Nos vemos obligados a considerar el traslado de nuestra capital por una crisis que no provocamos», explicó la abogada Stephanie Robinson, que representó al país insular.
Aunque potencias como Estados Unidos y China no reconocen la jurisdicción de la CIJ, los países afectados podrán recurrir a tribunales nacionales o regionales con el dictamen de La Haya como base legal. “Esta sentencia puede ser citada en cortes de todo el mundo”, precisó Joie Chowdhury, abogada del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
No obstante, persiste la duda sobre si las potencias responderán ante posibles demandas. Como advierte el abogado Harj Narulla, “la CIJ no tiene medios coercitivos, su autoridad depende de la voluntad política de los estados”.
Aun así, el fallo representa una poderosa herramienta para que los países vulnerables eleven su voz en los escenarios diplomáticos y jurídicos. Según un estudio previo publicado en Nature, entre 2000 y 2019 el cambio climático generó pérdidas económicas globales de hasta 2,8 billones de dólares. A partir de ahora, parte de esos daños podrían ser objeto de reclamo formal.
