En una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de articular acciones desde todos los niveles y desarrollar estrategias a favor de la población víctima en el departamento de Arauca.
La entidad hizo énfasis en lo clave que es poner en marcha planes que atiendan lo contenido en la Ley 1448 de 2011, modificada por la Ley 2421 de 2024, la cual entró en vigor en agosto del año anterior y cuya finalidad es fortalecer la reparación integral, la atención y la asistencia a las víctimas del conflicto armado interno.
No solo se trata de repararlas económicamente, sino también darles atención psicosocial, ayuda humanitaria, garantizarles el acceso gratuito a todos los niveles educativos, con prioridad en la permanencia y en procesos de alfabetización para adultos, poner en funcionamiento medidas de restitución de tierras. También, acelerar los procesos de indemnización por las afectaciones que sufrieron en sus vidas, en su patrimonio y proyectos de futuro que tenían, pero que se vieron truncados por los efectos directos e indirectos de las hostilidades en los territorios donde vivían con sus familias.
Un informe de la Defensoría, en el que analiza las dinámicas victimizantes desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, registra que alrededor de 196.000 personas han sido víctimas del conflicto armado. Los hechos lamentables giran en torno a fenómenos como desplazamientos forzados, homicidios, amenazas, desaparición forzada, confinamientos masivos, pérdida de bienes, atentados, despojo forzado de tierras, entre otros.
Teniendo en cuenta el escenario de riesgo que se vive en los siete municipios de Arauca, la situación consumada de violencia, pues 178 personas fueron asesinadas en 2024 en todo Arauca (la tasa de homicidios fue de 57,2 por cada 100.000 habitantes para ese año, lo que lo llevó como departamento a ocupar el deshonroso primer lugar a nivel nacional), y otras 84 personas fueron ultimadas entre enero y el 20 de septiembre del 2025, la Defensoría, desde la ciudad de Arauca, llamó la atención de la institucionalidad gubernamental. Remarcó cuán importante es atender las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 014 del 2025, documento de advertencia y prevención en el que formula 28 recomendaciones.
Los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), las alcaldías de Arauca, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Cravo Norte y Tame, así como la del municipio de Cubará, donde también se registraron homicidios en 2024 y 2025, las gobernaciones de Arauca y Boyacá, además de otras entidades, deben emprender acciones que efectivamente protejan tanto a la población víctima como a las y los habitantes de los cascos urbanos y zonas rurales.
Además, es primordial proteger a la población étnica, mujeres, periodistas y funcionarias y funcionarios del Ministerio Público, en particular a personeras y personeros municipales, que todo el tiempo están en función de la defensa y garantía de los derechos humanos en sus territorios.
Las víctimas del conflicto tienen derecho a la reparación integral, la dignificación y a recuperar su proyecto de vida, y su participación es fundamental para la construcción de una paz sostenible y la no repetición de la violencia en el departamento. Por ello, el trabajo articulado en todos los niveles será determinante en su protección y la garantía de sus derechos a la vida, integridad y seguridad.
