Durante el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Defensoría del Pueblo alerta sobre las graves demoras y brechas que persisten en la atención integral de esta enfermedad en Colombia y reafirma su compromiso de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud de las mujeres y de acompañar a las pacientes que enfrentan barreras para acceder al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral.
En su labor de garante de los derechos humanos y, en particular, del derecho fundamental a la salud, la entidad hace un llamado urgente al sistema de salud colombiano para fortalecer las estrategias de detección temprana, diagnóstico oportuno y continuidad del tratamiento del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre las mujeres del país. Detectar a tiempo salva vidas. Garantizar el tratamiento oportuno es responsabilidad del Estado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC), el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en las mujeres colombianas. Las cifras muestran una tendencia preocupante: no se ha evidenciado una reducción sostenida en las tasas de mortalidad, que alcanzan 13,3 muertes por cada 100.000 mujeres, equivalentes a cerca de 4.752 fallecimientos anuales. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reportó en 2022 más de 665.000 muertes por esta enfermedad.
En el ámbito nacional, las demoras en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento, la interrupción de las terapias y la baja cobertura de mamografía de tamización siguen siendo factores determinantes de una mortalidad evitable. Según el Consenso 2025 de la Cuenta de Alto Costo, el tiempo promedio entre la primera consulta por síntomas y el inicio del tratamiento supera los 75 días, límite máximo establecido para garantizar un abordaje oportuno.
Este retraso vulnera el derecho a la salud de las mujeres diagnosticadas, ya que el cáncer en estadios avanzados requiere tratamientos más agresivos, con mayores costos y menores tasas de supervivencia.
Asimismo, el informe advierte que más del 40 % de los casos se detectan en etapas avanzadas o metastásicas, lo que evidencia deficiencias en la detección temprana y en la ruta de atención integral. A esto se suman interrupciones en tratamientos hormonales o biológicos —como las terapias anti-HER2— por demoras en la autorización, suministro o continuidad de medicamentos, lo que afecta directamente las posibilidades de sobrevida de las pacientes. Estas fallas
administrativas representan barreras estructurales en el acceso al tratamiento oncológico, especialmente en zonas rurales o apartadas.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el derecho a la salud implica atención oportuna, continua, integral y de calidad, en todas las fases de la enfermedad y sin discriminación por género, condición económica o lugar de residencia. Por ello, insta al Ministerio de Salud y Protección Social, a las EPS e IPS, y a las entidades territoriales de salud, a:
- Fortalecer las rutas integrales de atención en cáncer de mama, con seguimiento efectivo a los tiempos de diagnóstico y tratamiento.
- Garantizar la disponibilidad continua de medicamentos esenciales y terapias especializadas.
- Promover estrategias de detección temprana organizadas para mujeres entre los 50 y 69 años, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
- Implementar mecanismos de vigilancia que eviten interrupciones injustificadas en los tratamientos oncológicos.
