La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación frente al incumplimiento de compromisos asumidos por la Nueva EPS y de la EPS Mallamas para garantizar la atención en el departamento de Vichada, lo que ha derivado en la deficiente prestación de servicios de salud, y en la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades indígenas, migrantes y rurales de la región.
La advertencia surgió durante una reciente reunión de la red de controladores convocada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, autoridades locales como el gobernador de Vichada, y alcaldes de Cumaribo, Santa Rosalía, Puerto Carreño y La Primavera.
Un departamento sin garantías de salud
Los asistentes se manifestaron frente a la evidencia del incumplimiento de los pagos de la Nueva EPS, de la vulneración sistemática del derecho a la salud y de la ausencia de una atención integral a los habitantes en el departamento y diferencial a los pueblos étnicos y población migrante.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo instó a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerza su rol de inspección, vigilancia y control para sancionar los incumplimientos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y superar la crisis en el departamento.
Principales fallas identificadas y recomendaciones de la Defensoría
Durante la reunión, se identificaron graves deficiencias que impiden el acceso a la salud en el departamento:
- Fallas en el servicio: La falta de pago a las IPS ha afectado los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes. A esto se suman problemas en la dispensación de medicamentos y la limitada capacidad de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) en los municipios, con nula presencia en Santa Rosalía y Cumaribo.
- Precariedad en la infraestructura: Se reportan condiciones deficientes en los centros de salud rurales de Santa Rita, Guerima, El Viento, El Sejal, Siare, Nueva Antioquia, Guacacias y La Venturosa. Además, se denunció la desnutrición infantil en menores de cinco años y el aumento de quejas por falta de oferta de especialistas en la ESE Departamental San Juan de Dios.
- Estas falencias afectan de manera especial a niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y población migrante, quienes requieren una protección reforzada por parte del Estado.
