Colombia sigue siendo uno de los países con más víctimas de minas antipersonal en el mundo. Desde 1990, más de 12.000 personas han resultado afectadas por estos artefactos explosivos, muchas de ellas civiles, incluidos menores de edad y campesinos. Además de causar muertes y mutilaciones, las minas restringen el acceso a tierras agrícolas, caminos y fuentes de agua, afectando gravemente el desarrollo de comunidades enteras.
Cada cuatro de abril se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas Antipersonal, una fecha que busca visibilizar el impacto devastador de estos explosivos en el país. Durante décadas, han sido utilizados por grupos armados ilegales, dejando huellas imborrables en las poblaciones más vulnerables.
Desde que se tiene registro, 499 municipios de los 32 departamentos del país han reportado accidentes con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MUSE). Los cinco municipios con mayor número de víctimas entre 1990 y la actualidad son: Tumaco (Nariño) con 403 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 369, Tame (Arauca) con 350, Tarazá (Antioquia) con 278 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 275. A nivel departamental, los más afectados han sido Antioquia (2.675 víctimas), Nariño (1.156), Meta (1.153), Norte de Santander (972) y Caquetá (954), según cifras de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA).
Los daños que sufren las víctimas van más allá de las heridas físicas. Enfrentan largos procesos de recuperación médica y psicológica, mientras que sus familias soportan un fuerte impacto emocional y económico. Además, el miedo a transitar por ciertas zonas impide el retorno de desplazados y dificulta la consolidación de la paz en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
A pesar de los esfuerzos de desminado humanitario liderados por el Gobierno y organizaciones internacionales, el riesgo sigue latente. En muchos municipios, la presencia de minas ha aumentado debido a disputas territoriales entre grupos armados ilegales, poniendo en peligro la vida de comunidades enteras. Por ello, es urgente reforzar las labores de desminado y fortalecer la educación sobre el riesgo de estos artefactos para prevenir nuevas víctimas.
En este día de sensibilización, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la acción: la erradicación total de las minas antipersonal requiere el compromiso continuo de todos los actores del conflicto. Solo así será posible garantizar el respeto por la vida y la protección de los derechos fundamentales en el país.
