33º CONGRESO NACIONAL DE FENDIPETRÓLEO

Jun 20, 2019 Villalobos Económicas, Nacional 0

---

Foto 1: (Con los Directivos de FENDIPETROL)

Foto 2: (Con la delegación AYATAWACOOP)

 

Por: (Amilkar Acosta). Me correspondió moderar el Pánel Zona de fronteras: impacto de los combustibles en la economía de los municipios de zonas de frontera, en el cual participaron delegados de los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Cesar y La guajira, además del Coronel de la Policía y Subdirector de Gestión de Apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) Oscar Cortés Dueñas.

Como introducción al Pánel hicimos una recapitutación de la normatividad legal por la cual se rige el abastecimiento y la distribución de combustibles en las zonas de frontera: como antecedente importante destacamos la Ley 10 de 1983 y el Decreto 3448 del mismo año, que le dieron vida al Estatuto de fronteras. Luego, la Constitución de 1991, que reconoció que Colombia es un país de regiones, le dio a las fronteras un estatus y un tratamiento especial, así quedó consignado en los artículos 289 y 337 de la Carta. Para nadie es un secreto que Colombia tiene frontera viva con 5 países, son ellos Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. Han sido reconocidos como fronterizos 13 de los 32 departamentos y 77 de los 1.122 municipios del país.

Luego, la Ley 191 de 1995 estableció los lineamientos de lo que sería la Política de fronteras y específicamente la Ley 681 de 2001, establece la política de abastecimiento y distribución de combustibles en las fronteras. En virtud de la misma, la responsabilidad del abastecimiento del combustibles en las regiones fronterizas está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y el combustible que se distribuye en las mismas está exento del pago de impuestos, que representan un 24% del precio al consumidor final, aproximadamente, como un beneficio a la población asentada en las fronteras y como mecanismo idóneo para desincentivar el contrabando de combustibles desde los países vecinos, en especial desde Venezuela y Ecuador. Posteriormente se expidieron los documentos CONPES 3155 con los “lineamientos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo en enero 28 de 2002 y el 3805, “Prosperidad para las fronteras de Colombia”, expedido el 31 de diciembre de 2016.

De las 5.484 estaciones de servicio con las que cuenta el país, 1.126 de ellas están localizadas en zonas de frontera y representan el 20.53% de las mismas. La demanda de combustibles en esta misma zona representa el 11.5% del consumo nacional. Entre los problemas que se presentan con el abastecimiento y la distribución de combustibles en las fronteras se destacan en su orden: a) el desabastecimiento recurrente, debido al déficit de suministro por la insuficiencia de los cupos asignados. b) el contrabando de combustibles, especialmente desde Venezuela, el cual se ha reducido a su mínima expresión debido al desabastecimiento interno de combustibles que sufre Venezuela. c) el contrabando técnico, consistente en la introducción a departamentos y municipios vecinos de los fronterizos de combustible que goza del subsidio de precio para venderlo a precio de mercado, obteniendo pingües  utilidades. d) la desviación de combustibles desde las fronteras por parte de grupos ilegales para utilizarlo en los cristalizaremos en donde se procesa la coca, que también apelan al robo mediante el uso de válvulas ilegales que instalan en los oleoductos.

La Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, le plantea serios retos a las zonas fronterizas, así como a los distribuidores de combustibles en las mismas, toda vez que el Congreso de la República le otorgó amplias facultades al ejecutivo para revisar todo lo concerniente a la estructura de precios al consumidor final de los combustibles en todo el territorio nacional, ello involucra el ingreso al productor (IP) y los márgenes para los distribuidores mayoristas y a los de las estaciones de servicio, así como lo que respecta a los subsidios a los combustibles, incluido el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC). Nos referimos a lo dispuesto en los artículos 34, 35, 36 y 295 del mismo. Mención aparte merece la rebaja del IVA a los combustibles del 19% al 5% (artículo 339), puesto que no beneficia al consumidor final en las fronteras, ya que en estas el combustible no está gravado con IVA, pero terminará por afectarlo vía precios, ya que dicha reducción del IVA conlleva un incrementos del Ingreso al Productor (IP), el cual terminará trasladándose al precio al consumidor final en las fronteras.

La Presidenta de AYATAWACOOP Rosario Henriquez hizo énfasis particularmente en que el cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energía para La guajira (1´600.000 galones) resulta insuficiente para atender la demanda, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que por la crisis en la frontera ha dejado de ingresar combustible desde Venezuela, tanto el legal como el ilegal, razón por la cual exhortó al Ministerio para revisar y ampliar el cupo y así evitar el racionamiento y las largas colas a las que están expuestos los conductores y propietarios de vehículos automotores.

Al término del Pánel propusimos y fue acogida nuestra sugerencia, en primer lugar de propiciar y convenir con las autoridades competentes (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, la DIAN, la POLFA) y con la participación de FENDIPETRÓLEO, en representación del gremio de los distribuidores, la Federación de Departamentos y de Municipios, un Pacto por la legalidad y la transparencia, como la mejor forma de evitar la estigmatización de la que ha venido siendo objeto el gremio por cuenta de unos pocos, que no son representativos del mismo. En segundo lugar, proponerle al gobierno nacional integrar y poner en funcionamiento una Mesa de concertación en torno a los asuntos para los cuales fue facultado por el Congreso de la República a través del Plan de Desarrollo y que le conciernen a los distribuidores, especialmente lo que se refiere al márgen de mayoristas y distribuidores. La misma sería de gran utilidad, también, para revisar y analizar lo atinente a los cupos asignados, buscando un sinceramiento de los mismos, de tal modo que consulten la realidad fáctica y territorial.

Santa Marta, junio 20 de 2019

www.amylkaracosta.net

---

---

---