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Condenados por allanamiento a parte de los cargos imputados por secuestro y muerte de un Concejal en el Meta
Una pena de 32 años de prisión tendrán que purgar Diego Fernando Ospina Cardona de 26 años y Jesús Humberto Gonzales Beltrán de 25 años, por hechos ocurridos en contra de Ismael Alejandro Cubides Ruíz, entonces con 31 años y ex concejal del municipio de Acacías (Meta), el 23 de diciembre de 2016, en la Vereda La Argentina jurisdicción de Villavicencio (Meta).
La sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado fue dictada una vez verificada la actuación de allanamiento de 2 de los 6 cargos endilgados a los procesados, ante la Fiscalía Especializada delegada ante el Gaula que conoció el caso.
El fallo es emitido por el Juzgado contra los condenados, por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego, en primera instancia.
Los demás delitos imputados por la Fiscalía a los condenados en el sur de la capital metense, igual que a Melquisedec Garzón Ríos de 41 años, capturado en Circasia (Quindío) quien sería el jefe del grupo delincuencial y había sido suboficial, en el grado de sargento viceprimero del Ejército Nacional fueron homicidio agravado, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
La situación se presentó en momentos en que la víctima salía de su casa, hacia las 8 de la mañana el día de los hechos, cuando fue abordado y retenido en su vehículo, en un falso retén militar por Ospina Cardona, Gonzales Beltrán y Garzón Ríos quienes armados lo condujeron hacia una zona montañosa de la Vereda La Bendición del mismo sector, al norte del departamento, donde fue amordazado y ejecutado con impacto de arma de fuego.
Según el relato de los condenados, el cuerpo de la víctima fue enterrado en una fosa que previamente habían cavado, apoderándose de sus elementos de valor, tales como documentos de identificación, celular, cadena y argolla de oro.
De acuerdo con pruebas presentadas por la Fiscalía, ese mismo día los captores mediante llamadas realizaron exigencias económicas a los familiares de la víctima por valor de 10 mil millones de pesos, para su supuesta liberación, llamadas extorsivas que continuaron haciendo hasta el 28 de enero de 2017.
Sin embargo, para el 21 de febrero de 2017 es por información entregada por Diego Fernando y Jesús Humberto en interrogatorio de indiciados, al ser capturados mediante orden judicial, que se produce el hallazgo de los restos de la víctima.
Esta sentencia fue apelada por la defensa de los condenados.
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